Aunque tienen dudas sobre la independencia de las instituciones, la ONG Provea reitera la denuncia y exhorta a los ciudadanos a no quedarse callados y presentar ante la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo o tribunales los casos de discriminación o retaliación política del gobierno.
Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG, alertó que “si las instituciones no actúan ante las denuncias, su omisión pasará a ser considerada complicidad con las violaciones de derechos humanos”.
Provea totaliza 200 casos de despidos en el Seniat, desde que firmaron el 1% para reconocer a la Mesa de la Unidad Democrática como promotora del referéndum y están a la expectativa de las advertencias del primer vicepresidente del Partido Socialista de Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y del alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, contra 4.000 trabajadores del escalafón 99, de confianza.
De hecho, ayer, 23 de agosto, Elías Jaua, diputado oficialista, afirmó que “no es ético que alguien que no esté con el gobierno trabaje para un gobierno del que quiere salir. Lo sabotea. Sea un viceministro, director general, gerente de empresa; no se puede comprender que siendo designado por el gobierno esté buscando la salida del gobierno”.
Uzcátegui indicó que Provea está en campaña para que la gente denuncie. “Hay decenas de casos, sin embargo necesitamos el testimonio directo de la víctima, aunque sea resguardando su identidad. Hasta ahora el caso más grave de discriminación ha ocurrido en el Seniat. Insistimos en que formalicen las denuncias, pues es la manera fijar responsabilidades a futuro”.
Al ser consultado sobre ¿qué implica que ministros despidan a trabajadores?, respondió: “La declaración pública de Jorge Rodríguez muestra que la política de discriminación es una orden del propio presidente de la República. Podemos establecer que no son casos aislados, sino una política sistemática de violación de derechos humanos ordenada. El próximo gobierno tendría toda la posibilidad de investigar y sancionar a estos funcionarios, y los organismos internacionales podrían reprobar el incumplimiento del país de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo ante la vulneración del Convenio 111”.
