El senador estadounidense Marco
Rubio pidió al presidente Barack Obama sanciones contra la presidenta del
organismo electoral venezolano por presuntas violaciones a los derechos
humanos.
"La ley ordena la imposición
de sanciones contra los individuos que han cometido actos significativos de
violencia o abusos de los derechos humanos tales como Tibisay Lucena Ramírez,
presidente del Consejo Nacional Electoral", dijo Rubio en una misiva
enviada al mandatario estadounidense y que fue divulgada por la oficina de
prensa del senador republicano por Florida.
Rubio instó al presidente Obama a
aplicar la prohibición de visados y el congelamiento de los activos financieros
de Lucena, de la vicepresidenta del organismo electoral Sandra Oblitas y del
exministro de Relaciones Interiores Miguel Rodríguez Torres, por su presunta
implicación en violaciones a los derechos humanos.
Washington ya ha congelado
activos en territorio estadounidense de siete funcionarios venezolanos en el
marco de una ley sancionada en 2014 cuya vigencia terminaba el 31 de diciembre
de 2016 y que fue extendida hasta 2019 en julio por el Congreso estadounidense.
Rubio figuró entre los patrocinadores de la ley en 2014.
El senador destacó en la misiva
que a la grave crisis que agobia a los venezolanos se suma la decisión del
Consejo Nacional Electoral de Venezuela "de rechazar el deseo del pueblo
venezolano por (la realización de) el referendo" revocatorio del mandato
de Nicolás Maduro este año. Agregó que ello "ha demostrado una vez más las
tácticas antidemocráticas del régimen" venezolano.
En un comunicado fechado en
Bogotá, la cancillería colombiana hizo el jueves un llamado "a que
continúen los esfuerzos" que realizan el gobierno de Venezuela y la
Alianza de partidos opositores, "que permita lograr consensos que
reviertan la polarización que vive el país y conlleven a una convivencia
pacífica".
"Colombia insiste en la
necesidad de continuar con la elaboración de una agenda concreta con resultados
positivos para buscar soluciones urgentes a la situación social, política y
económica de Venezuela, a través de un diálogo constructivo en el que se aborden
todos los temas, incluido el de la activación del referendo revocatorio de
acuerdo a la Constitución y a los reglamentos", destacó el escrito.
El Consejo, que es visto como
favorable al oficialismo, anunció la semana pasada que entre el 26 y el 28 de
octubre se realizará la recolección de las firmas del 20% del electorado
necesarias para realizar la consulta popular que, según agregó en un
comunicado, "pudiera efectuarse a mediados del primer trimestre de
2017".
La oposición apostaba a realizar
el referendo antes del 10 de enero de 2017 cuando Maduro completará más de la
mitad de su período presidencial de seis años. De realizarse luego de esa fecha
y en caso de que el mandato sea revocado, el resto del período deberá ser
completado por el vicepresidente, según establece la constitución.
Las autoridades electorales
también fijaron un horario de siete horas diarias por tres días para recolectar
las rúbricas en cada uno de los 23 estados del país y la capital y aprobaron el
uso de 5.392 máquinas capta huellas, menos de 30% de las que había exigido la
oposición.
La alianza opositora anunció que
irá al proceso de recolección de las firmas pero descartó que vaya acatar otra
de las exigencias que impuso la autoridad electoral de que deba obtenerse 20%
de las rúbricas por estado en lugar de a nivel nacional.
El nuevo Heral
