Dentro de la penitenciaría hay
1.500 adultos y 800 niños desde el lunes de la semana pasada. Niegan que tengan
granadas robadas
Aproximadamente 500 familiares de
presos de la PGV, en San Juan de los Morros, estado Guárico, protestaron ayer
en la sede del Ministerio del Servicio Penitenciario, en la Torre Inverunión
Platinum, ubicada en la avenida Venezuela en El Rosal.
Los manifestantes, en su mayoría,
mujeres, algunas con bebés en los brazos, exhibían pancartas y gritaban
consignas en las que decían que no quieren que en ese penal haya masacre sino
diálogo. Una de las pancartas, la más grande, pedía la destitución de Wilmer
Apóstol, director de Régimen Penitenciario. Uno de los presentes relató que
cuando Apóstol fue a la PGV les quitó la luz y el agua, y hubo tiros.
Hasta las 4:00 pm ningún
funcionario de ese despacho había atendido a los manifestantes que querían
exponer la situación de esa penitenciaría y llegar a acuerdos para solucionar
la crisis que comenzó el lunes de la semana pasada.
Franklin Hernández, alias
Franklin el Guaira, que pagó sentencia de 8 años entre 2003 y 2011 por robo a
mano armada, había salido en libertad y dijo que retornó al penal cuando
comenzó la OLP porque decían que era familia del Trompeta y de Leo, dos de los
presos. Consideró que su vida corría peligro y por eso volvió.
Dijo que en la PGV hay 1.500
adultos que no quieren irse porque respaldan a los presos. Además hay 800
niños, incluso los de Hernández, que reciben su alimento.
Agregó que la población penal es
de 10.700 personas, de las cuales 27 padecen tuberculosis. Una murió y dos
están en estado crítico, pues no se pueden ni levantar. Para ellos pidió una
medida humanitaria porque en el penal no reciben tratamiento. Sugirió que los
lleven al Hospital de El Algodonal, en Antímano.
Los parientes de los presos
rechazan una intervención porque podría terminar en una masacre, como en
Uribana y otras cárceles. Hernández es partidario de resolver el problema
mediante el diálogo. Negó que internos de la PGV sean los autores del robo de
las 84 granadas, ocurrido en el Fuerte Conopoima de esa entidad.
Dijo que entre los presos recogen
dinero para la compra de comida porque el ministerio envía 25 sacos de arroz y
25 cestas con pollo para comer un día. No alcanza para los 10.700 internos.
Falta de control y autoridad
Humberto Prado, director general
del OVP, explicó que en la Penitenciaría General de Venezuela hay falta de
control y autoridad y por esa razón los líderes tienen que asumir el mando.
Indicó que allí no se sabe quién entra ni quién sale. “Es importante que la
ministra Valera tome en cuenta que ningún diálogo hace daño y eso lo evidencia
que la propia población pide diálogo ante el conflicto que hay y deben agotar
todos los recursos para que haya una solución y no ocurra lo que muchos temen
que pueda pasar. Que no pierdan la vida más venezolanos. Esta es una
oportunidad para que el Defensor del Pueblo inste a la ministra a hacer una
mesa de diálogo. Como defensor debe alzar la voz en este problema”, expresó.
Agregó que recomienda que se actúe con experticia para resolver el problema.
Prado dijo que la tuberculosis no
solo la padecen reclusos de la PGV sino también otros de varios penales que,
además de esa enfermedad, están expuestos a la sarna, hepatitis y enfermedades
respiratorias por falta de agua y aseo. Sugirió que organizaciones donen
medicamentos para quienes padecen no solo de tuberculosis sino otra patología.
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