Por segunda vez, la situación de los derechos
humanos en Venezuela será evaluada en las Naciones Unidas a través del Examen
Periódico Universal. El 1° de noviembre el gobierno de Nicolás Maduro tendrá
que rendir cuentas
Por segunda vez, la situación de los derechos
humanos en Venezuela será evaluada en las Naciones Unidas a través del Examen
Periódico Universal. El 1° de noviembre el gobierno de Nicolás Maduro tendrá
que rendir cuentas. En el informe presentado por el Estado nada se señala sobre
la falta de independencia de los poderes públicos, entre ellos el Judicial, la
principal tarea que sigue pendiente. El 13 de septiembre el Alto Comisionado
para los Derechos Humanos alertó sobre los efectos perniciosos de “la erosión
institucional” en el país. Las ONG promueven un cabildeo para que el debate en
Ginebra incluya la suspensión del referéndum revocatorio presidencial a partir
de maniobras judiciales.
En 2011, cuando Venezuela se sometió por primera
vez al Examen Periódico Universal (EPU), el gobierno asumió un compromiso
adicional ante Naciones Unidas para garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos en el país: “Continuar fortaleciendo los mecanismos de
participación ciudadana en los asuntos públicos y el derecho a votar”.
En aquella oportunidad los representantes del
Estado enfatizaron: “Más allá de la elección de los funcionarios públicos, esta
participación se expresa a través de la implementación de actividades políticas
innovadoras, incluyendo referendos, encuestas de opinión de la comunidad, la
derogación de los mandatos, las iniciativas legislativas, constitucional y
constituyente, cabildos y asambleas ciudadanas, cuyas decisiones son
vinculantes”.
Ahora, cuando le corresponde rendir cuentas ante
la ONU por segunda vez y específicamente sobre la gestión encabezada por
Nicolás Maduro, el gobierno está en el trance de explicar cómo cinco jueces del
interior del país dictaron sentencias idénticas simultáneamente que, apenas
pocas horas después, fueron utilizadas por el Consejo Nacional Electoral para
suspender el referéndum revocatorio presidencial.
“La falta de independencia de los poderes públicos,
y particularmente del Judicial, constituye la principal deuda con que regresa
el Estado venezolano a Ginebra”, adelanta Feliciano Reyna, quien ha fungido
como vocero de las organizaciones no gubernamentales de Venezuela que persisten
en denunciar abusos ante instancias internacionales, precisamente por el
déficit de justicia que hay en el país.
El EPU es un mecanismo de coevaluación entre los
193 países de la ONU. Se instituyó en 2007 y se desarrolla ante el Consejo de
Derechos Humanos. Cada cuatro años y medio se examina la situación de todos los
derechos humanos en cada país.
Pasado mañana, 1° de noviembre, se llevará a cabo
el llamado diálogo interactivo sobre Venezuela. En una sesión de tres horas, el
Estado dispondrá de 70 minutos para exponer avances, retrocesos y desafíos, así
como para responder a preguntas que se le hayan formulado anticipadamente. Los
140 minutos restantes se dividirán entre un máximo de 70 intervenciones y
repreguntas.
Reyna considera que la suspensión del revocatorio
aumentó la alarma que está encendida en muchos países del mundo por lo que
ocurre en Venezuela. “Yo estaba en Bruselas el 20 de octubre, reunido con
representantes de varios organismos internacionales de derechos humanos, y ese
mismo día se intensificó el cabildeo a efectos de que la obstrucción de la vía
electoral para adelantar el relevo de Nicolás Maduro forme parte del debate en
el EPU. En muchos países se comprende que es una evidencia clara de lo que el
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al
Hussein, había denunciado cinco semanas antes: la erosión de la independencia
de las instituciones”.
Vía EL NACIONAL
